Niños marcados por la violencia
El viernes fueron ofrecidas a los periodistas dos presentaciones, en lugares distintos, acerca de acciones dirigidas a resolver enormes problemas de la niñez guatemalteca.
ADOPCIONES.- La primera fue organizada por el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), integrado por Elizabeth Hernández de Larios, presidenta; Marilys Barrientos de Estrada y Rudy Amílcar Soto Ovalle, vocales, y Norma Elizabeth Robles, suplente. En los últimos 15 años, más de 25 mil niños guatemaltecos fueron exportados, y la ausencia de mecanismos idóneos para establecer el origen de cada uno de ellos hizo de la adopción una “solución” a la pobreza, desnaturalizando su espíritu, que es el derecho de los niños sin familia a ser adoptados. También se habló de la falsa adopción internacional bajo la que se cobija uno de los crímenes de lesa humanidad más condenables: el robo de niños para venderlos a clientes en el extranjero.
Y se escuchó de nuevo, con natural asombro, que para hacer realidad el espíritu de la Ley de Adopciones el Estado asigna al CNA un raquítico presupuesto de Q10 millones anuales, el cual apenas alcanza para el pago de sueldos de 70 empleados y algunos gastos administrativos. ¡No hay derecho! El Congreso puede reparar ese error y proveer al CNA de un presupuesto mínimo de Q50 millones.
Es alentador, sin embargo, que no obstante las dificultades en el CNA, hayan disminuido las adopciones anómalas, suspendido los procedimientos privados de adopción notarial, dado prioridad a la adopción nacional y aplicado un enfoque garantista en los procedimientos de adopción.
GENERACIÓN MARCADA.- El segundo suceso fue la firma —en otro hotel— de un convenio de cooperación entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el fin de terminar con la impunidad de delitos cometidos contra la niñez guatemalteca. Carlos Castresana, comisionado de la Cicig, expresó que “el combate de la impunidad es la forma más efectiva de romper el círculo vicioso de la violencia que está condenando a una nueva generación a vivir traumatizada y sin esperanza”.
Por su parte, el representante de Unicef, Adriano González-Regueral, afirmó: “La violencia se reducirá con el combate frontal de la impunidad por parte del Estado y el rechazo total y manifiesto de la sociedad”.
En Guatemala —dice un comunicado distribuido en conjunto por ambas entidades— 46 niños y niñas mueren, como promedio, violentamente cada mes; la mayoría formada por adolescentes y el principal instrumento utilizado para matar es el arma de fuego. El 98 por ciento de esos crímenes queda impune. Los homicidios aumentaron un 137 por ciento entre 1999 y 2008, pasando de 2 mil 655 a 6 mil 292 homicidios al año, lo cual hace que el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Fernando Morales Alvarado, catalogue el 2008 como el año más sangriento en toda la historia de Guatemala. Y de acuerdo con informes de la Policía Nacional Civil, se pasó de 7 a 17 muertes violentas diarias, como promedio. Del 2002 al 2008 ocurrieron 31 mil 992 homicidios, lo cual subió la tasa promedio de mortalidad a 42 muertes por cada 100 mil habitantes, según informes de la Policía Nacional Civil.
Se trata de una violencia impune que está marcando la vida de los niños y niñas del país. Por otra parte —añade el informe—, “el sistema de justicia no está jugando el rol constitucional asignado ni respondiendo a la demanda social” porque “en más del 90 por ciento de delitos contra la vida y la libertad sexual, los expedientes quedaron entrampados en una fase casi interminable llamada de investigación, fueron sobreseídos, clausurados o archivados después de haber realizado cero, una o dos diligencias”.
Febrero 15, 2009
fuente: prensalibre.com
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